El régimen de partido único de Ortega en Nicaragua – PanaTimes


Al cancelar la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), y por tanto eliminar la candidatura presidencial del último candidato de la oposición, Óscar Sobalvarro, Daniel Ortega liquidó las elecciones del 7 de noviembre, convirtiéndolas en votos de partido y candidato único.

El empresario ganadero Óscar Sobalvarro, conocido como Comandante “Rubén” de la Contrarrevolución en los años ochenta, fue candidato accidental, luego de que Ortega encarcelara a sus principales competidores políticos, los precandidatos opositores: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, Noel Vidaurre y más de 20 líderes políticos y cívicos.

En realidad, incluso antes de la nulidad de CxL, las elecciones del 7 de noviembre ya estaban seriamente cuestionadas en su legalidad y legitimidad, pues se llevaron a cabo sin competencia política, bajo un régimen de estado policial que, desde la masacre de abril de 2018, violó todas las libertades democráticas. , manteniendo a más de 140 presos políticos en las cárceles. Sin observación electoral nacional o internacional, con un Consejo Supremo Electoral controlado por el partido Frente Sandinista, que llevó a cabo una contrarreforma electoral con leyes que criminalizan a la oposición y permiten inhibir a sus candidatos, no existía una mínima garantía de transparencia electoral.

Sin embargo, en algunos sectores nacionales existía la ilusión de que el día de las elecciones la mayoría política blanquiazul acudiría a votar por el único partido de oposición inscrito, independientemente de sus candidatos, para desafiar a Ortega o al menos para denunciar el fraude. masivo. Otra interpretación alternativa sugirió que en ausencia de garantías electorales y de un liderazgo capaz de inspirar esperanzas de cambio, una parte importante del electorado se abstendría de votar por cuenta propia, mientras que CxL participaría, incondicionalmente, para preservar su personería jurídica y convertirse en la segunda fuerza electoral, aspirando a ser un futuro interlocutor político de Ortega.

Ambas conjeturas se borraron de un plumazo este viernes 6 de agosto, tres meses antes de las elecciones, cuando Ortega eliminó la condición política de CxL, imponiendo una elección unipartidista, en la que él y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, eran candidatos. tras la reelección, ya no tendrán contendientes. Ahora solo el Frente Sandinista y otros cinco partidos “zancos” o colaboracionistas asistirán a la votación del 7 de noviembre: el PLC pactista, que pidió la eliminación de CxL; el PLI, que promovió el despojo de la caseta electoral de la oposición democrática en 2016; y los remanentes de ALN, APRE, CCN y el partido regional Yatama.

De esta forma, Ortega adelantó los resultados del 7 de noviembre, agravando de antemano la crisis de su propia reelección, sin competencia política. Es una apuesta imprudente, que revela su determinación de gobernar sin legitimidad política, endureciendo la estrategia represiva a niveles extremos para mantener un régimen totalitario en el poder. Y, por tanto, exige una respuesta proporcional, con la máxima presión política, diplomática y económica, a nivel nacional e internacional, para restablecer el camino hacia una transición democrática, definitivamente, sin Ortega y sin Murillo.

Es un desafío de vida o muerte, en primer lugar, para la sociedad nicaragüense cuyas demandas de democratización y justicia, planteadas en la Rebelión de abril de 2018, quedaron a medio camino. El principal motivo del fracaso radica en la despiadada represión desatada por la dictadura, pero también contribuyeron los errores de la dirección opositora que deberían ser autoevaluados críticamente. A partir de la decisión de separar la vía electoral de una estrategia permanente de resistencia cívica; y por el sectarismo político ideológico de CxL que desdeñaba el imperativo de la unidad nacional, para presionar más al régimen con la participación de todos los sectores del país. El error de divorciar las elecciones de la resistencia cívica está pagando caro con la decapitación de la dirigencia opositora, encarcelada o en el exilio, mientras que el estatus legal de CxL no ofrecía ningún seguro para frenar el tan esperado proyecto unipartidista de Ort.

Con las dudas despejadas hacia el 7 de noviembre, en Nicaragua se abren nuevas interrogantes que deben responderse ahora, sin esperar la toma de posesión de Ortega en 2022: ¿Puede la oposición relanzar la resistencia cívica, mientras exige la liberación de todos los presos políticos? ¿Aceptará la clase empresarial un régimen de partido único, sin legitimidad política? ¿Se adaptará a las reglas autoritarias de Ortega, como antes de 2018, o impondrá límites democráticos efectivos? ¿Qué papel jugará el liderazgo moral de la Iglesia Católica?

¿Y los empleados públicos, civiles y militares, que también son rehenes de Ortega, respaldarán la eliminación de las elecciones democráticas?

Por otro lado, la imposición de un régimen de partido único también plantea un desafío formidable a la comunidad internacional, desde nuestros vecinos de Centroamérica, pasando por la OEA, la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Seguirá el BCIE financiando al régimen de Ortega, sin democracia y con graves violaciones a los derechos humanos? ¿Se reunirán los cancilleres de la OEA para debatir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana? ¿Persistirán México y Argentina en su política de abstención? ¿Pueden Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU coordinar acciones multilaterales que ejerzan una presión efectiva para debilitar las bases de apoyo político y económico del régimen? ¿Seguirá el Vaticano indolente ante las graves violaciones de derechos humanos o mediará para evitar la normalización de la violencia?

La presión externa, aunque esencial, nunca podrá reemplazar la presión política nacional, pero solo será más efectiva si comienza a ejercerse con determinación ahora, cuando toda Nicaragua es rehén de la dictadura. Mientras tanto, este 7 de agosto, con la toma de posesión del régimen unipartidista de Ortega, comienza la cuenta atrás del deterioro económico y social del país, con un costo cada vez más doloroso para miles de familias nicaragüenses que se ven obligadas a emigrar en busca de una alternativa de vida. .

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